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La destrucción de la costa española

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De los 233 Espacios Naturales Protegidos (ENP) a lo largo de los 8.000 kilómetros de costa española, 120, más de la mitad, están amenazados por los proyectos urbanísticos, las infraestructuras o la contaminación. Los datos los presenta Greenpeace en su novena edición del informe Destrucción a Toda Costa.

Andalucía, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Canarias, Ceuta y Melilla, comparten este año el primer puesto de un hipotético podio como las regiones litorales que más han maltratado a su costa. El segundo lugar lo ocupan Cataluña, Islas Baleares y Galicia que continúan acosando a su medio natural con el ladrillo y la contaminación. Euskadi, Cantabria y Asturias les siguen muy de cerca, imitando en el norte el modelo devastador del Mediterráneo.

Por regiones

Andalucía, con 817 kilómetros de litoral, posee 18 puntos negros. Destacan dos de los lugares más contaminados de la península ibérica: el polo químico de Huelva y la bahía de Algeciras.

Asturias, con 345 kilómetros de costa y 6 puntos negros, está sufriendo una presión urbanística sin precedentes. Tan sólo en la franja oriental se tiene previsto la construcción de más de 30.000 viviendas.

En Cantabria se analizan 5 puntos negros en 284 kilómetros de costa. En esta provincia, aproximadamente el 50% de los estuarios han sido modificados por la acción humana.

Con 10 puntos negros, casi la mitad de la costa de Cataluña (700 kilómetros) se encuentra ya urbanizada. A esta costa enladrillada se le suman en 2008 la proyección de 6.000 nuevos amarres deportivos.

Ceuta y Melilla, poseen respectivamente un punto negro. Ambas presentan un elevado índice de ocupación de su territorio, (35,4% en Ceuta y 53,3% en Melilla).

Para la Comunidad Valenciana, con 518 kilómetros de costa, los grandes desarrollos turísticos (especialmente Marina d'Or Golf y el Manhattan de Cullera), el aumento de puertos deportivos y el problema de la contaminación se reflejan en 11 puntos negros.

Euskadi cuenta con 5 puntos negros repartidos en 246 kilómetros de costa, donde destacan los problemas de contaminación: el 33% de las industrias me talúrgicas más contaminantes se encuentran en esta región.

Galicia, con 1.498 kilómetros de costa y 19 puntos negros, plantea triplicar su oferta de amarres para embarcaciones en los próximos años y desfigurar su costa con granjas de acuicultura. La contaminación de sus rías es uno de los aspectos más negativos. 

Con 1.428 kilómetros de litoral, Baleares acumula el 12% de la oferta total de amarres del Mediterráneo. Greenpeace ha seleccionado 7 puntos negros.

Canarias, con 1.583 kilómetros de costa y 10 puntos negros ha visto florecer en los últimos años los casos de corrupción, con 118 personas implicadas en irregularidades urbanísticas.

En los 274 kilómetros de costa de la Región de Murcia se analizan 7 puntos negros en una comunidad autónoma en la que desde 1987 la construcción ha aumentado un 200% y se desprotegen espacios naturales para construir complejos turísticos como Marina de Cope.

Irregularidades

Los ENP están amparados por varias figuras de protección autonómica, nacional e internacional. Sin embargo, en estos ENP costero-marítimos existen campos de golf completamente operativos, proyectos de cientos de viviendas, industrias que vierten sus aguas residuales o planes de macropuertos industriales sobre habitats y especies que al menos, sobre el papel, deberían estar protegidos.

El crecimiento urbanístico de la costa ha destruido enormes recursos naturales insustituibles dentro de un sistema de desarrollo depredador calificado como “economía suicida” por el Banco de España. Se ha hipotecado el patrimonio natural y sus recursos, fuente de salud y bienestar, y de riqueza económica a través de actividades como la pesca o el turismo. El poco territorio virgen que queda en el litoral está acosado

La Estrategia de Sostenibilidad de la Costa que en 2007 presentó el Ministerio de Medio Ambientes se planteaba cuatro retos para abordar los problemas del litoral: frenar la ocupación masiva de la franja costera, recuperar la funcionalidad física y natural del litoral, mitigar los efectos del cambio climático y cambiar el modelo de gestión de la costa. Hoy, Greenpeace denuncia que esta Estrategia está paralizada.

Existen grandes fuentes de contaminación que ponen en riesgo constante nuestro litoral y sus espacios protegidos. Los vertidos industriales y urbanos, los derrames de petróleo y el exceso de fertilizantes y plaguicidas de la agricultura industrializada son grandes amenazas para la protección de los ecosistemas marinos.

El crecimiento urbanístico de las últimas décadas no ha ido acompañado del desarrollo de las instalaciones necesarias para apantallar, al menos en cierta medida, los impactos ambientales derivados del incremento de la población. Un ejemplo muy claro es el de la depuración de aguas residuales. España no se ha adaptado a las exigencias europeas que requerían que las localidades con vertidos de 2.000 habitantes equivalentes depuren sus aguas.

Por esta razón, el pasado mes de noviembre la Comisión Europea expedientó a España al constatar que más de 400 localidades no disponían de un sistema de tratamiento de aguas residuales conforme a la normativa comunitaria. Estas aguas, con todo su poder contaminante, se vierten directamente al mar, a las rías, a los humedales, incluso dentro de espacios protegidos.

Más información: Greenpeace

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