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La Eurocámara critica los abusos urbanísticos en España

El Parlamento Europeo ha aprobado, por 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones, un informe de la comisión de Peticiones que critica las prácticas de urbanización masiva en España y la conducta especulativa y la avaricia de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción.

El texto propone suspender y revisar todo plan urbanístico nuevo que no garantice el respeto por la propiedad y sugiere interrumpir los fondos estructurales y de cohesión a España hasta que no se solucione el problema. Además, reclama una indemnización adecuada para las víctimas de los abusos urbanísticos y considera alarmante la falta de confianza de los denunciantes en el sistema judicial español.

Informe Verde

El informe de la diputada danesa de los Verdes Margrete Auken fue aprobado por el pleno después de que los eurodiputados rechazasen las resoluciones alternativas presentadas por el grupo socialista y varios diputados del grupo PPE-DE, respectivamente.

El informe de la comisión de Peticiones pide al Gobierno de España y de las comunidades autónomas implicadas que lleven a cabo una profunda revisión de toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios particulares de bienes como resultado de una urbanización masiva, con objeto de poner fin a los abusos de los derechos y las obligaciones recogidos en varios tratados internacionales.

Los Verdes recalcaban que este tema "ha tenido un gran impacto en las vidas de decenas de miles de ciudadanos europeos que viven en España, así como en la economía y el medio ambiente españoles".

De acuerdo con los datos de Ecologistas en Acción:

  • de los 4 millones de nuevas edificaciones construidos en Europa en los últimos 10 años, la mitad se construyeran en suelo Español.
  • En la UE,  con un  incremento de la población de la población del 3,5%, el crecimiento de la superficie urbanizada ha sido del 13,8%.
  • En el Estado Español, con un crecimiento de la población del 4,3%, el aumento de la superficie urbanizada ha llegado hasta el 25,4%, casi del doble del crecimiento europeo.

Nunca en la historia europea se ha realizado un uso tan extremo y devastador del territorio. El constante auge inmobiliario español ha favorecido que el urbanismo pierda su finalidad social, subordinada al interés general, para convertirse en un negocio, afirman desde la organización ecologista. Ha dejado de ser una herramienta de regulación del uso del suelo de acuerdo a las necesidades colectivas, para convertirse en la clave de la financiación municipal, en unos casos, y del enriquecimiento rápido e ilícito en otros.

Además este modelo va de la mano de la construcción de nuevas infraestructuras de transporte que serán necesarias para acceder a estos nuevos desarrollos, que no hacen sino abundar en un modelo de movilidad también insostenible. De hecho, España se sitúa como el estado de la UE con un mayor número de kilómetros de autovía por habitante.

Denuncias europeas

Cerca del 50% de las denuncias sobre urbanismo recibidas por la comisión de Peticiones en esta legislatura proceden de ciudadanos españoles, mientras que un 30% han llegado del Reino Unido y un 15% de Alemania. El 5% restante se ha distribuido fundamentalmente entre Países Bajos y Bélgica.

El informe trata distintos aspectos de la legislación europea, que constituyen los principales puntos de encuentro entre las denuncias recibidas por la comisión de Peticiones.

En primer lugar, numerosas peticiones alegan el incumplimiento de la normativa europea sobre medio ambiente, basándose en la existencia de urbanizaciones construidas en áreas protegidas por directivas comunitarias, como la red Natura 2000. En muchos casos, los peticionarios subrayan que no se han efectuado las evaluaciones de impacto ambiental requeridas por la UE (los denunciantes suelen quejarse de que fueron las propias autoridades locales las que eludieron la elaboración de estos análisis). Actualmente, la CE está investigando estas supuestas infracciones.

El agua es otro de los argumentos más recurrentes de los denunciantes. Los diputados subrayan que la Comisión Europea (CE) ha abierto una investigación sobre más de 250 proyectos urbanísticos que han sido objeto de un dictamen negativo por parte de las autoridades competentes sobre agua y cuencas fluviales, particularmente en Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia (considerando Ab).

Por otro lado, algunos propietarios denuncian la expropiación de sus terrenos sobre la base del supuesto “interés general” de los proyectos promovidos por las autoridades locales. En este sentido, tanto los peticionarios como los diputados consideran que la definición de “interés general” no se ha acotado en la legislación urbanística en vigor, y que dicho concepto se ha utilizado como excusa para la aprobación de “proyectos insostenibles desde un punto de vista medioambiental, obviándose en algunos casos evaluaciones de impacto medioambiental e informes negativos de la correspondiente Confederación Hidrográfica” (párrafo 21).

La CE ha incoado procedimientos contra España ante el Tribunal de Justicia de la UE debido al incumplimiento de la directiva europea sobre contratos públicos por parte de las leyes urbanísticas de la Comunidad Valenciana (LRAU y LUV).

Los casos de urbanización extensiva no afectan sólo a las zonas costeras, sino que también se han registrado en algunas áreas del centro de España, como Madrid y Castilla la Mancha. Sin embargo, en las zonas costeras existe un factor suplementario: la Ley de Costas. Según el PE, esta ley “afecta de manera desproporcionada a los propietarios particulares de bienes (…) y, al mismo tiempo, no tiene un impacto suficiente en los auténticos autores de la destrucción costera, responsables en muchos casos de unos desarrollos urbanísticos excesivos en las costas, incluidos los complejos vacacionales”. Es por eso que los diputados proponen una revisión urgente de esta norma (considerando Q y párrafo 22).

Los diputados manifiestan su preocupación sobre la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas "que infringen probablemente la legislación comunitaria en materia de protección del medio ambiente, participación pública, política del agua y contratación pública, y que están a punto de ser legalizadas gracias a un nuevo plan general urbano, que no brinda seguridad jurídica ni garantías a los compradores, los propietarios y los ciudadanos en general" (párrafo 23).

El pleno del PE considera necesario que el acceso a la información y la participación ciudadana en el proceso urbanístico "se garanticen desde el inicio". Asimismo, recuerda que la normativa europea sobre evaluación del impacto ambiental impone la obligación de consulta al público implicado en la fase de elaboración de los planes, “y no una vez que la autoridad local ha acordado los planes de facto” (párrafo 26).

Fuente: Parlamento Europeo

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